Hace exactamente 180 años, en nuestro país se propuso el primer intento de dotar a la población con un mecanismo de protección en contra de actos de la propia autoridad, el Amparo. Recurso que ha sido modificado para bien y que, de la mano de otros como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, dan una garantía a la ciudadanía de que el gobierno no lo puede todo, y que los derechos fundamentales pueden defenderse incluso de la figura presidencial.